February 9, 2023

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Three years ago the California state legislature lifted the statute of limitations for lawsuits regarding the sexual abuse of minors. This provided three years for individuals to come forward with legal claims that they had been sexually abused. As a result of this change in the law, the Diocese of San Diego has received approximately four hundred suits seeking monetary damages for alleged acts of sexual abuse by priests, religious and laity in the Diocese. The majority of these suits concern actions that took place more than half a century ago.

One important aspect of these lawsuits is that none of them claim sexual abuse by any priest of the Diocese of San Diego currently in ministry. This  reflects the reality that the Church has taken enormous steps to root out the sexual abuse of minors in its life and to promote the protection of minors.

Still, the Diocese must face the staggering legal costs of responding to these new lawsuits. In 2007, the Diocese paid out 198 million dollars to settle 144 claims of abuse that had been brought during an earlier lifting of the statute of limitations. This depleted most of the assets of the Diocese. Even with insurance, the Diocese will not be able to pay out similar sums now. This challenge is compounded by the fact that a bill has now been introduced into the legislature that seeks to eliminate the statute of limitations entirely, leaving the Diocese vulnerable to potential lawsuits forever.

For all of these reasons, we may be facing a moment where the Diocese enters into bankruptcy in the coming months. Bankruptcy would provide a pathway for ensuring that the assets of the diocese will be used equitably to compensate all victims of sexual abuse, while continuing the ministries of the Church for faith formation, pastoral life and outreach to the poor and the marginalized. It would also provide a fund for future claimants of sexual abuse who have not filed a claim. Finally, bankruptcy would provide a conclusion to the tide of lawsuits covering alleged abuse as long as 75 years ago.

The parish assets have been held in recent years by individual parish corporations, and before that they were held by the Diocese in trust for each particular parish community. Almost without exception in other Diocesan bankruptcies, parish assets have remained separate. At the same time, parishes in a diocese undergoing bankruptcy typically contribute some limited monies to the funds for claimants.

The sexual abuse of minors by priests and the way it was handled in the life of the Church constitute the greatest sin of our Church in the last century. We must and will continue to protect minors with ever deeper vigor, provide healing resources to those who have been abused, and use our Diocesan assets to compensate those who were victimized. And we will never forget the harm that we have done.

I ask your prayers for our Diocese, our parish communities, and especially all victims of sexual abuse in the coming months. May 

God's grace be with us profoundly in this challenging time.

With all best wishes, I remain

Sincerely yours in Christ,

Robert Cardinal McElroy

Bishop of San Diego

9 de febrero 2023

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,

Hace tres años, la legislatura del estado de California levantó el estatuto de limitaciones para las demandas relacionadas con el abuso sexual de menores. Esto estableció un periodo de tres años para que las personas presentaran reclamos legales de que habían sido abusadas sexualmente. Como resultado de este cambio en la ley, la Diócesis de San Diego ha recibido aproximadamente cuatrocientas demandas por daños monetarios por presuntos actos de abuso sexual por parte de sacerdotes, religiosos y laicos en la Diócesis. La mayoría de estas demandas se refieren a acciones que sucedieron hace más de medio siglo.

Un aspecto importante de estas demandas es que ninguna de ellas alega abuso sexual por parte de ningún sacerdote de la Diócesis de San Diego actualmente en el ministerio. Esto  refleja la realidad de que la Iglesia ha dado enormes pasos para erradicar el abuso sexual de menores en su vida y para promover la protección de los menores.

Aún así, la Diócesis debe enfrentar los asombrosos costos legales de responder a estas nuevas demandas. En 2007, la Diócesis pagó 198 millones de dólares para resolver 144 denuncia de abuso que habían sido presentadas durante un levantamiento anterior del estatuto de limitaciones. Esto agotó la mayor parte de los bienes de la diócesis. Incluso con la aseguranza, la Diócesis no podrá pagar sumas similares ahora. Este desafío es agravado por el hecho que ahora se ha presentado un proyecto de ley en la legislatura que busca eliminar el estatuto de limitaciones por completo, dejando a la Diócesis en peligro de seguir recibiendo demandas para siempre.

Por todas estas razones, es posible que estemos frente a un momento en el que la Diócesis entre en bancarrota en los próximos meses. La bancarrota presentaría un camino para asegurar que los bienes de la diócesis se utilicen equitativamente para compensar a todas las víctimas de abuso sexual, mientras que los ministerios de la Iglesia para la formación en la fe, la vida pastoral y el alcance a los pobres y marginados se seguirían llevando a cabo. También proporcionaría un fondo para futuros reclamantes del abuso sexual que no hayan presentado un reclamo. Finalmente. La bancarrota traería un fin a la marea de juicios que cubren presuntos abusos que ocurrieron hasta hace 75 años atrás.

Los bienes parroquiales han estado en manos de corporaciones parroquiales individuales en los últimos años, y antes de eso estaban en manos de la Diócesis en fideicomiso para cada comunidad parroquial. Casi sin excepción en otras bancarrotas diocesanas, los bienes de la parroquia han permanecido separados. Al mismo tiempo, las parroquias e esas diócesis han tenido que aportar una cantidad limitada de dinero de los fondos para los reclamantes.

El abuso sexual de menores por parte de sacerdotes y la forma en que se manejó en la vida de la Iglesia constituye el pecado más grande de nuestra Iglesia en el último siglo. Debemos y seguiremos protegiendo a los menores vigorosamente, brindando recursos de sanación a quienes han sido abusados y utilizando nuestros bienes para compensar a quienes fueron víctimas. Y nuca olvidaremos el daño que hemos hecho.

Les pedo que en los próximos meses rueguen por nuestra Diócesis, nuestras comunidades parroquiales y especialmente por todas las víctimas de abuso sexual. Que la gracia de Dios nos acompañe profundamente en este momento desafiante.

Con todos los mejores deseos permanezco

Atentamente en Cristo,

Robert Cardinal McElroy

Obispo de San Diego